Por: Elizabeth Salazar Vega
09/02/2025
Yarabamba es un distrito agrícola y ganadero que se ubica al sur del Perú, en la región Arequipa. Sus habitantes carecen de redes de agua potable y sus centros poblados se tejen de polvorientos caminos sin pavimentar. Lo que sí tienen es un moderno estadio remodelado por USD 2,7 millones (S/ 10,5 millones) y equipado con iluminación nocturna, pista atlética y capacidad para más de 3 mil espectadores; casi el doble de los 1.700 pobladores oficialmente registrados.
El agua que abastece a la ciudad proviene de una acequia y es tratada en una planta de ósmosis inversa que la municipalidad inauguró en 2023, luego de 15 años de retraso en su construcción. Esta solo opera al 60% de su capacidad porque el agua es insuficiente y la prioridad de uso en este cauce la tienen los regantes agrarios. Cuando el caudal de la acequia disminuye, el agua faltante es donada a la población por Minera Cerro Verde, la principal explotadora de cobre en Arequipa. La empresa es propiedad de la estadounidense Freeport-McMoRan, la japonesa Sumitomo Metal y la peruana Buenaventura, y el año pasado distribuyó dividendos por USD 400 millones (S/ 1.501 millones) a sus accionistas.
Yuliana Bernardo Mancilla es vecina de San Antonio, uno de los centros poblados de Yarabamba. Aquí, cargar baldes y mangueras es parte de la rutina para subsistir. El clima es seco y sofocante, y los techos de calamina retienen el calor en las casas, pero los días que llegan las cisternas las ventanas se mantienen cerradas. Un intento inútil por evitar que la enorme polvareda ingrese a su casa. “Lo que pedimos a cada gestión municipal es que prioricen la búsqueda de agua porque lo que nos dan semanalmente no alcanza. Hay dinero del canon minero, pero solo vemos parques y estadios”, dice Yuliana.
El canon minero es una compensación económica que se entrega a las municipalidades de Perú por la explotación de recursos en sus territorios, y proviene del 50% del Impuesto a la Renta de las empresas extractivas. El monto no es menor: entre 2019 y 2023, tiempo en que se analizaron los datos para esta investigación, se distribuyeron S/10.862 millones por canon entre las 144 municipalidades distritales y provinciales de zonas donde se explotan cobre, oro, zinc y otros minerales. Es decir, más de 3 mil millones de dólares. El dinero que no logran gastar al cierre del año se acumula en las cuentas del Banco de la Nación y queda disponible para sumarlo a su presupuesto en el siguiente ejercicio fiscal.
Yarabamba es uno de los distritos ubicados en la zona de influencia de la explotación minera de Cerro Verde, pero aún carece de redes de agua y saneamiento. Sus familias dependen de los camiones cisterna y agua de las acequias.
La Ley del Canon restringe el uso de estos fondos a “proyectos u obras de infraestructura” que promuevan el desarrollo de estas localidades. Una cláusula que, en la práctica, se tradujo en obras de fierro y cemento, y ha permitido que las compañías constructoras sean las principales beneficiadas con estos millonarios recursos.
Para conocer quiénes son estas empresas, recopilamos los 3.430 contratos de inversión pública gestionados por las ocho municipalidades con más canon minero entre 2019 y 2023. Los documentos revelan un boom de proyectos de infraestructura, que abarcan desde consultorías y elaboración de expedientes técnicos hasta la supervisión y ejecución de obras como losas deportivas, canales de riego, plazas, trochas y más. El valor total de estas contrataciones es de 3.039 millones de soles, equivalentes a más de 844 millones de dólares al cambio actual.
Estos documentos, sumados a los registros del Ministerio de Economía, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), nos permitieron construir cuatro bases de datos de 47.000 archivos estructurados que detallan el perfil de los proveedores.
El análisis confirma que la fiebre del cemento en las localidades mineras atrajo a consorcios, empresarios y consultores con múltiples antecedentes por malas prácticas; contratistas sancionados o inhabilitados para negociar con el Estado por incumplir los acuerdos adjudicados, realizar proyectos deficientes o fuera del plazo establecido, o por falsear documentos para ganar las licitaciones públicas.
El cobre que esconde bajo Arequipa genera millones de dólares al año para sus municipalidades. El dinero, sin embargo, no ha podido darle a sus agricultores lo que más necesitan: agua y programas de desarrollo agropecuario.
Empresas multadas e inhabilitadas
En 2024 Yarabamba recibió USD 8,3 millones (S/ 31 millones) por canon minero, pero su presupuesto anual ascendió a USD 39,8 millones (S/ 147,4 millones) por la acumulación de esta transferencia. Sin embargo, este pueblo agrícola no es el que obtiene los mayores ingresos de canon por la extracción de cobre en la región Arequipa. Ese título lo ostenta Cerro Colorado, un distrito urbanizado, con más de 200 mil habitantes, y que tan solo el año pasado consiguió USD 25,2 millones (S/ 93,3 millones) por este concepto, y que pese a ello tampoco cuenta con redes de agua potable y alcantarillado.
Cerro Colorado es una de las ocho municipalidades que concentran el 31,5% de los USD 2.959 millones (S/ 10.862 millones) que se repartieron a un total de 144 gobiernos locales y regionales de Perú, entre 2019 y 2023, periodo de nuestro análisis. Las otras siete localidades que integran este pequeño grupo son San Marcos, Nuevo Chimbote y El Santa, ubicadas en Áncash. Esta región lidera el ranking de mayores beneficiarios y ha llevado a San Marcos a ser considerado el distrito más rico del país. El canon que reciben depende de las operaciones de la empresa Antamina, propiedad de la suiza Glencore y sus socias.
En la lista le siguen las municipalidades distritales de Gregorio Albarracin e Ilabaya, ubicados en la región Tacna, sede de las mineras Minsur (Perú) y Southern Copper (México); y la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, zona de influencia de la multinacional Anglo American. Finalmente, está la provincia de Espinar, en Cusco, donde opera Minera Antapaccay, también propiedad de Glencore.
El 30,9% (1.063) de los 3.430 proyectos de inversión que financiaron estas ocho municipalidades fue adjudicado a 389 empresas y consultores que ya registraban sanciones, multas o suspensiones temporales en diferentes regiones del país. Algunos por incumplir sus compromisos, incurrir en retrasos injustificados, abandonar las zonas de construcción o pretender realizar supervisiones de obras paralelas en ciudades diferentes. Otros por no formalizar el contrato tras adjudicarse el proyecto o falsear documentos de su propuesta técnica y económica para ganar la adjudicación.
Estas últimas fueron los casos más recurrentes por los que fueron inhabilitados e impedidos temporalmente de presentarse a nuevas licitaciones por periodos de hasta dos o tres años. Algunos de los documentos con información errónea o completamente manipulada fueron certificados bancarios, actas de recepción de obras, certificados de trabajo, constancias de buen desempeño y otros que debían acreditar su experiencia y garantía respecto a otros postores. En muchos casos, estos fueron detectados y sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado cuando las obras ya estaban en marcha o concluidas.
Al menos 486 contratos fueron aprobados por las municipalidades mineras luego de conocidos estos antecedentes.
El análisis de los datos también expone a 108 proveedores reincidentes. Entre estos se encuentran aquellos que fueron penalizados de 8 a 11 veces por retrasos en sus proyectos o consultorías, y otros que fueron impedidos de presentarse en licitaciones hasta en cuatro oportunidades. En este grupo se encuentran empresarios señalados por la Contraloría General de la República por su presunta responsabilidad administrativa, civil o penal debido a que sus faltas propiciaron la paralización de obras o la anulación de contratos, causando un perjuicio económico al Estado.
Gran parte de los contratos analizados se adjudicaron a compañías individuales (61,9%), pero la mayor proporción de los fondos (68,1%) terminó en manos de consorcios. Estas son alianzas efímeras creadas por personas naturales o jurídicas para ejecutar un proyecto específico con el Estado; carecen de razón social propia y desaparecen tras culminar la obra. Sin embargo, para esta investigación pudimos identificar las compañías y empresarios que están detrás de los 1.306 consorcios que contrataron con las municipalidades mineras.
Los datos muestran que un proveedor cuestionado tiene casi tres veces más probabilidades de ganar un contrato si forma parte de este tipo de alianzas. Es más viable que una empresa con antecedentes de malas prácticas gane un proyecto de inversión si participa en consorcio (19,97%) que si lo hace de forma individual (7,58%).
En este grupo encontramos empresarios que aprovecharon los vacíos en la Ley de Contrataciones para conformar 48 consorcios integrados por ellos mismos y sus propias empresas. Esto pese a que el espíritu de la norma señala que estas alianzas tienen como fin unir a compañías con diferentes capacidades para brindar una mejor oferta al Estado.
Las constructoras reincidentes
Una de las empresas que registra antecedentes por malas prácticas es V & V Contratistas Generales S.R.L., incluida en el informe de la Comisión del Congreso que investigó la corrupción en la remodelación de colegios emblemáticos del segundo gobierno de Alan García. Esta constructora tiene como fundadores a Gracián y Dolores Vera Victoria, y en 2022 se adjudicó una obra vial de USD 9,3 millones (S/ 35,5 millones) en el distrito minero de Gregorio Albarracín, en Tacna. El proyecto lo ganó en consorcio y terminó costando un 15% más a lo presupuestado.
V & V Contratistas Generales registra tres infracciones graves. Una de estas por presentar documentos falsos o incorrectos en una licitación pública, lo que le costó ser inhabilitada durante tres años, hasta julio de 2021, pero la empresa evadió la sanción con una medida cautelar. El amparo fue emitido por el 4to Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, a cargo de Lenin Montoro Rodríguez. Mediante un pedido de acceso a la información, confirmamos que este juez aprobó 20 medidas cautelares a favor de empresas inhabilitadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Los fallos se emitieron entre 2017 y 2024, y siguen vigentes.
El OSCE apeló la medida cautelar de V & V Contratistas Generales y a fines de 2022 logró anularla. Sin embargo, mientras estuvo vigente, siguió obteniendo contratos en consorcios y en forma individual, por un total de USD 23,5 millones (S/ 86,9 millones). Además, en el tiempo que debía estar suspendida, la empresa volvió a presentarse a una licitación con documentos inexactos, por lo que fue nuevamente inhabilitada por 39 meses en febrero de 2021. La obra que intentó adjudicarse fue la reconstrucción de colegios en Lima e Ica.
Aquí V & V Contratistas Generales volvió a recurrir a una medida cautelar y logró retrasar el inicio de su sanción hasta julio de 2023. Actualmente su castigo está vigente y vence en septiembre de 2025.
Gracian Vera Victoria, gerente de la empresa, considera que la sanción que recibieron fue injusta y extrema porque ellos no tuvieron responsabilidad directa, sino un ingeniero tercerizado que adjuntó certificados de trabajo manipulados. “Mi empresa suele trabajar con profesionales conocidos, pero a veces, cuando hay obras en paralelo, hace falta nuevo personal y ahí no siempre alcanza el tiempo para supervisar todo su legajo”, explicó. Sin embargo, admitió que recurrieron dos veces al Poder Judicial para ganar más tiempo y continuar contratando con el Estado. “La ley permite”, añadió.
Otra de las empresas que acumula más inhabilitaciones es J.C.A. Contratistas Generales, una constructora trujillana a la que la Municipalidad Provincial del Santa le encargó rehabilitar la alameda de Nuevo Chimbote, a través del Consorcio Miracle. La obra se adjudicó el 29 de diciembre de 2022 por un valor de USD 464 mil (S/ 1,7 millones), pero terminó costando 6,3% más.
Para entonces. Juan Carlos Araujo Guevara, quien fue su gerente técnico y socio hasta 2024, registraba cinco sanciones como proveedor individual, mientras que la empresa tenía otras cuatro multas impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado por no formalizar el contrato que se adjudicó para reconstruir colegios en Piura. Por este motivo, el Programa Nacional de Infraestructura Escolar (Pronied) tuvo que convocar nuevos procesos de selección.
Carlos Araujo Cáceres, gerente general de la empresa, respondió nuestra llamada, pero al escuchar las preguntas respondió: “Están totalmente equivocados” y cortó la comunicación.
En la lista de empresas sancionadas que contrataron en localidades mineras también aparece Lenus S.A.C. Su dueño es Leyder Núñez Sigueñas, sobrino de Fermín Silva Cayatopa, amigo del ex Presidente de la República Pedro Castillo Terrones. Estos tres personajes son investigados por integrar una presunta organización criminal que manipuló la asignación de obras públicas en el gobierno anterior. Según la acusación fiscal, Leyder Núñez consiguió siete contratos en tiempo récord, entre noviembre del 2021 y enero del 2022, y lo hizo al amparo del Decreto de Urgencia 102-2021 aprobado por el expresidente Castillo para agilizar las construcciones post pandemia.
En 2022 esta empresa ganó un contrato, como parte del consorcio Italcimentaciones, para construir un centro infantil en Nuevo Chimbote. La obra costó más de USD 1 millón (S/ 4,008,625) y fue cubierto con el canon minero de la Municipalidad Provincial del Santa. Para esa fecha, la empresa ya había cumplido una inhabilitación temporal por no firmar un contrato que se adjudicó en la región Lambayeque.
Posteriormente, en abril y mayo de 2023, Lenus S.A.C. recibió dos sanciones de inhabilitación temporal. La primera por entregar documentos falsos para adjudicarse la rehabilitación de una planta de tratamiento, en Cajamarca; y la segunda por presentar información inexacta para ganar una licitación convocada por la Fiscalía. En ambos casos, la empresa se presentó en consorcio. La sanción sigue vigente y Lenus S.A.C. no podrá participar en nuevos proyectos hasta mayo de 2026.
Nos comunicamos con Leyder Núñez, pero hasta el cierre de edición no nos dio su respuesta.
En localidades como San Marcos, la agricultura ha perdido espacio ante la minería y la fiebre del cemento. Los jóvenes ya no quieren cultivar la tierra.
Sanciones burladas y contratistas favoritos
Según el análisis de las bases de datos, la principal contratista del distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, es Mafer Construcciones y Acabados E.I.R.L. Durante el período evaluado, la empresa obtuvo contratos por más de USD 12 millones como integrante de distintos consorcios. Sin embargo, desde 2023, dejó de ganar proyectos porque fue inhabilitada para contratar con el Estado por presentar documentación adulterada en una licitación convocada por la misma municipalidad, y en la que también participó en consorcio. La sanción está vigente hasta julio de 2026.
El gerente de esta empresa es Fernando Delgado Begazo. Su hermano, Alexander Delgado Begazo, es gerente de Delvillareal E.I.R.L, otra constructora que obtuvo licitaciones en Socabaya (2019-2020) y en Cerro Colorado (2022). Consultado sobre la sanción, Fernando Delgado dijo que estaban preparando rebatirla con una medida cautelar, pero no se obtuvo mayor actualización del caso, a través de sus abogados, como comprometió.
Los contratos también muestran que la Municipalidad de El Santa contrató tres servicios de construcción por USD 620 mil con proveedores que tenían sanciones vigentes. Estos proyectos se adjudicaron entre 2020 y 2021 a consorcios integrados por empresas y consultores que habían sido multados o suspendidos por presentar información inexacta o adulterada en sus ofertas económicas, y por no perfeccionar o formalizar el contrato que ganaron.
Estas causas se encuentran entre las más recurrentes en los casos analizados. Para José Antonio Tirado, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad del Pacífico y socio del Estudio Stucchi Abogados, el acto de no perfeccionar el contrato puede indicar que “los integrantes del consorcio prometieron recursos o personal que al final no lograron reunir”, o que no llegaron a un acuerdo al distribuirse las responsabilidades. “Los embusteros aparecen en estos procesos”, dice.
También encontramos a dos consultores de obras recurrentes y reincidentes. El primero es Julio César Quiroz Ayasta, contratista en la Municipalidad del Santa, a quien la Fiscalía de Chiclayo investigó en 2014 por su presunta vinculación con la organización Los Limpios de la Corrupción, que dirigió el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, para exigir coimas a cambio de obras públicas.
En el periodo de análisis de este reportaje, Julio Quiroz registraba seis penalidades y tres inhabilitaciones temporales por participar de consorcios que falsificaron documentos y entregaron datos erróneos en procesos de selección. Sin embargo, en 2024, acumuló una cuarta suspensión temporal y una inhabilitación definitiva, por lo que desde octubre de 2024, ya no puede contratar con el Estado. Intentamos comunicarnos con el empresario, pero no fue posible.
El segundo consultor recurrente es Fernando Solis Maguiña, proveedor recurrente de la Municipalidad de San Marcos. Él fue inhabilitado temporalmente tres veces, entre 2022 y 2023, por incumplir sus contratos como supervisor de obras. Esto no fue impedimento para que el Gobierno Regional de Áncash lo nombrara subgerente de estudios e inversiones, cargo que ocupó hasta el cierre del 2024.
En San Marcos la vorágine de construcciones mantiene a la ciudad rota. Los vecinos de mayor edad, testigos de la transformación de sus campos, aún no se acostumbran a los tractores y las vías rotas.
Karla Gaviño, consultora en Gestión Pública e Inversiones, recuerda que los puestos de confianza deben ser ocupados por los mejores profesionales, caso contrario, no se están cautelando los recursos del Estado. “Todo indica que [Solís Maguiña] no ha cumplido con sus obligaciones hacia el Estado, pero no solo se le sigue premiando con contratos, sino que se le confía la función pública. Eso es delicado porque evidencia que la institución no aplica los filtros necesarios (...) Es un tema legal, pero también ético”, señaló.
Gaviño señala que no existe un sistema interconectado que les permita a las municipalidades conocer si alguna empresa postulante tiene procesos disciplinarios en curso; los antecedentes se conocen luego de que la sanción queda firme. Los expedientes analizados para este reportaje solo incluyen aquellos que terminaron con castigo o inhabilitación firme, y muestran que varias empresas fueron sancionadas por infracciones cometidas de dos a cinco años antes que el Tribunal de Contrataciones del Estado emitiera una sentencia final. Mientras eso sucede, las empresas pueden seguir ganando proyectos.
Otro proveedor recurrente que logró burlar una sanción sin recurrir a una medida cautelar es Jorge Zarzosa Prudencio, un consultor de obras que se adjudicó 54 contratos de USD 8,8 millones (S/ 32,6 millones) en Áncash, especialmente en el distrito de San Marcos, lo que equivale a ganar un proyecto casi cada mes y medio. De acuerdo con Registros Públicos, a inicios de 2022, Jorge Zarzosa traspasó los cargos directivos que tenía en su empresa Dambez Company para darle poder absoluto a su hermana Beatriz Zarzosa. Los documentos muestran que estas operaciones las hizo cuando era investigado en el Tribunal de Contrataciones del Estado por incumplir sus funciones en una obra de riego.
El Tribunal emitió su fallo el 25 de abril de 2022 y ordenó inhabilitarlo por cuatro meses. Jorge Zarzosa acató la orden, pero su constructora continuó ganando licitaciones. Apenas culminó la sanción, su hermana le devolvió las facultades societarias, contractuales, administrativas, bancarias y legales en Dambez Company. En la práctica, nunca dejó de contratar con el Estado.
“La misma Ley de Contrataciones dice que si alguno de los apoderados, gerentes o titulares tiene una sanción, la empresa queda impedida de seguir contratando. Para seguir trabajando, lógicamente, yo tenía que salir de la empresa. Eso fue lo que hicimos, y mi hermana entró como gerente”, admitió Jorge Zarzosa, consultado para este reporte.
El profesor Tirado señala que en casos como este se aprovechan las zonas grises de la legislación y se actúa de mala fe para evadir una sanción. “La capacidad de control del Estado no siempre es suficiente. Estamos hablando de casi 2.000 municipalidades y cientos de entidades públicas que contratan todos los días, a todo nivel, y es materialmente imposible controlarlos a todos”, dice. En este sentido, Gaviño añade que mientras más candados se impongan en el sistema de contrataciones, siempre habrá proveedores dispuestos a generar mecanismos para burlarlos.
Los encargados de evaluar a los proveedores, y de aprobar estas contrataciones, son los comités de selección que conforma cada municipalidad con miembros del área de infraestructura, logística, presupuesto u otros. Sin embargo, en la Municipalidad de San Marcos, la Fiscalía investiga presuntas alianzas corruptas que establecieron estos funcionarios con empresarios de la construcción.
Uno de ellos es Carlos Alberto Amado Solórzano, exsubgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y subgerente de Ejecución de Inversión Pública. En 2023, él fue condenado dos veces a cinco años de cárcel por colusión agravada, por propiciar la contratación de servicios fantasmas que defraudaron al distrito con USD 57 mil (S/ 173 mil); y por favorecer a un consorcio que no reunía las condiciones para adjudicarse una obra de S/ USD 8,3 millones (S/ 24,9 millones) y que tenía entre sus integrantes a un familiar del entonces alcalde de San Marcos, Javier Medina Melgarejo. Los hechos cuestionados ocurrieron en 2013 y 2014.
Según la investigación del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Áncash, el comité de selección aprobó el expediente en un solo día, saltándose los requisitos técnicos. Como resultado, la municipalidad desembolsó unos USD 5,6 millones a empresarios que dejaron inconclusa la construcción de una trocha carrozable.
La Fiscalía también investiga a Julio César Cerna Quiroz, exgerente de desarrollo urbano; y Norman Afrario Dávila Gabriel, subgerente de Estudios de Proyectos de Inversión Pública por la sobrevaloración de la remodelación de la plaza de San Marcos. La obra se inauguró en 2022 y fue financiada íntegramente con dinero del canon. La construcción incluye leones de mármol y baldosas de granito, y pasó de costar USD 1,15 millones (S/ 4,4 millones) a USD 1,52 millones (S/ 5,8 millones). En junio de 2023, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los exfuncionarios y el exalcalde de San Marcos, Christian Palacios Laguna. El caso sigue en investigación.
No se trata de hechos aislados. Entre 2019 y 2024, la Contraloría General de la República emitió 17 informes de control aleatorios por el uso indebido del canon minero, petrolero y pesquero en gobiernos locales y regionales. El dinero sirvió para pagar servicios simulados, comprar pasajes aéreos y financiar otros bienes o actividades no permitidas por la ley del canon. También se detectaron abonos al personal, incremento de sueldos, contrataciones de trabajadores sancionados, y la asignación de recursos o proyectos de inversión fuera del marco legal.
Los hechos se detectaron en Piura, Lima, La Libertad, Junín, Tacna, Áncash, Ucayali y Tumbes. Los documentos, a los que accedimos a través de pedidos de acceso a la información, indican que los casos terminaron solo con recomendaciones para iniciar acciones penales y civiles contra los responsables.
En San Marcos se rompen y construyen veredas, plazas, estadios. Algunas obras quedaron inconclusas y en otras la Fiscalía investiga casos de corrupción.
En junio de 2024, el Ejecutivo aprobó la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 32069) que reemplazará a la Ley 30225, y entrará en vigencia en marzo de 2025. Su objetivo es agilizar los procesos de selección, priorizar la calidad sobre el precio de oferta, frenar las medidas cautelares por parte de proveedores cuestionados y reactivar las construcciones paralizadas. Sin embargo, aunque sanciona con inhabilitación algunas infracciones que antes solo recibían multas, también disminuye los tiempos de suspensión para otras faltas.
La normativa que será anulada establece suspensiones de hasta 36 meses para los proveedores que ocasionen la disolución del contrato por incumplir sus obligaciones y por presentar información inexacta a las entidades contratantes. Pero, desde marzo, ambas infracciones —que se encuentran entre las más recurrentes— tendrán un límite de sanción de 24 meses.
Algo similar ocurre con los postores que falsifican o adulteran documentos en los procesos de selección. Ellos están impedidos de participar en nuevas licitaciones por periodos de 36 hasta 60 meses, es decir, de 3 a 5 años, pero si reinciden quedan inhabilitados para siempre, de forma automática. La nueva ley, en cambio, señala que esto solo será posible si el proveedor cuestionado registra dos sanciones previas que sumen más 36 meses de suspensión.
“La nueva ley tiene aspectos muy positivos al listar los impedimentos para contratar, pero creo que perdió la oportunidad de introducir la exigencia de programas de cumplimiento en el ámbito de las contrataciones públicas. Nada asegura que el proveedor infractor se rehabilite luego de una multa o de una suspensión. Por eso, sería ideal plantear que la empresa aplique procedimientos medibles para identificar y controlar riesgos”, añadió Tirado.
La ley que está por caducar también permitía canjear una inhabilitación temporal por una multa cuando se trataba de Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) que no habían cometido una falta antes, pero ahora el beneficio aplica a todo tipo de empresas y luego de una segunda infracción. Los proveedores beneficiados serán aquellos que elaboran expedientes técnicos deficientes, que son negligentes en la supervisión de obras o quienes formalicen el contrato luego de que el Tribunal de Contrataciones advierte de irregularidades.
En San Marcos se rompen y construyen veredas, plazas, estadios. Algunas obras quedaron inconclusas y en otras la Fiscalía investiga casos de corrupción.
Gaviño y Tirado subrayan que el objetivo de las normas de contrataciones es asegurar la mayor cantidad de postores para elegir la mejor oferta. Caso contrario, se podría acusar de falta de imparcialidad y de no respetar la libre competencia. En ese sentido, dicen, se entiende que quienes han cumplido una sanción pueden presentarse a un nuevo proceso de selección porque han interiorizado los efectos y consecuencias de sus actos. El problema, añaden los expertos, es cuando las irregularidades suceden de modo recurrente.
“Se necesita reforzar los mecanismos de supervisión para evitar que se fomente un clima de impunidad en los procesos de adquisición estatal. Lo que se tiene que perfeccionar no es la ley, sino los mecanismos de gestión, que existan consecuencias reales y se capacite a los funcionarios que lideran los procesos de selección en las municipalidades”, añadió Gaviño.
El impacto en las comunidades
Mientras las empresas sancionadas facturan con el canon minero, el aumento de recursos no ha impactado en la calidad de vida de las comunidades donde extraen los minerales.
En los distritos de Yarabamba y Cerro Colorado, esta mayor disponibilidad de fondos estuvo acompañado por una limitada capacidad de gasto, malos manejos presupuestales y actos de corrupción que llevaron a los alcaldes de ambas localidades a enfrentar procesos judiciales.
El alcalde de Yarabamba, Manuel Aco Linares, cumplió prisión preventiva el año pasado por presuntamente liderar una organización criminal que cobraba diezmos a empresas constructoras en su localidad; mientras que el alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, estuvo prófugo por una condena de lavado de activos que revirtió con una casación.
Este flujo de dinero también ha generado una transformación progresiva de los valles agrícolas que rodean los campamentos mineros. En las zonas urbanas, los productos básicos son más costosos. Los jóvenes pierden el interés en la agricultura y en la educación; prefieren ganar dinero en la mina o en empleos eventuales relacionados con el comercio, construcción y transporte. Y al mismo tiempo, las edificaciones monumentales –como el estadio de Yarabamba– se habitúan al paisaje.
Huber Fuentes Bernardo, presidente de la junta de regantes de Yarabamba, señala que las invasiones son constantes en el distrito. La migración es mayor por el dinero del canon. “No hay esfuerzo de las autoridades por trabajar en problemas fundamentales como el agua, solo vemos parques y pintado de colegios”, dice.
Este cambio de dinámicas sociales en la comunidad es un reflejo de lo que ya atravesó San Marcos, el distrito más rico de Áncash y del Perú. Los vecinos aún recuerdan la caravana de camionetas 4x4 que empezaron a desfilar por sus calles luego del primer reparto de utilidades mineras, en 2006. Luego vendría el aumento del costo de vida y la pérdida de las labores del campo.
Uno de los pueblos agrícolas afectados es San Antonio de Juprog, ubicado detrás del campamento de Antamina. No tiene agua potable ni energía eléctrica, pero sí un largo camino de concreto que atraviesa las tierras agrícolas y llega a ninguna parte. La vereda fue construida con dinero del canon minero y no es usada ni por sus vecinos, pues la mayoría vive en la zona urbana de San Marcos y solo vuelve los fines de semana.
Esta vereda de concreto atraviesa las tierras agrícolas del caserío San Antonio de Juprog, en San Marcos, y no tiene utilidad real entre sus pobladores.
“Sembramos en algunos periodos, pero la mayor parte del año trabajamos en la mina, en construcción o transporte”, dice Lincoln Hermosilla, de 40 años. El pueblo ha migrado porque el mayor flujo de dinero de la minería ha impuesto un costo de vida más alto, insostenible para las familias que se dedicaban a la siembra y cosecha.
Los millonarios recursos del canon minero que recibe San Marcos no han logrado erradicar la pobreza monetaria que alcanza al 35,4% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), ni dotar de servicios de agua y saneamiento a sus más de 20 mil habitantes.
En el libro “Transiciones, movilización ciudadana y cambios institucionales: lecciones desde territorios con minería a gran escala” se concluye que los hogares ubicados en las zonas extractivas no experimentan transformaciones socioeconómicas significativas. En el caso concreto de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, se identificó mayor migración laboral, “cambios en la distribución del poder económico y político a favor del proyecto minero, y debilitamiento del tejido social y comunal, en un contexto de empobrecimiento agrario”.
Si bien durante la fase de construcción de la mina se generan empleos, durante la etapa extractiva se observó un aumento en el nivel educativo de los hogares, pero una menor capacidad para reducir la pobreza en comparación con los distritos no mineros. En tanto, cuando la minería está de salida lo que queda es menos educación, tierra y ganado. “Esto sugiere una trayectoria de empobrecimiento de las comunidades con minera en declive, en la que los hogares, como refugio frente a la pobreza, retornan a una actividad agraria con menores activos y capacidades para producir”, se indica en el libro.
Cuando la minería está de salida, los hogares retornan a una actividad agraria con menores activos y capacidades para producir.
Para el investigador Manuel Glave, coautor de la investigación, urge romper la rigidez en el uso de los recursos del canon para invertir más en ciencia, tecnología, educación, así como en fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades locales. Factores que ayudarán a las comunidades a contar con activos propios cuando la mina se haya ido. “Hay gente que se beneficia de este sistema; las constructoras y los gobiernos locales. Pero más allá de que exista corrupción o no, lo que hay es una atrofia en el uso del canon”, dice.
De acuerdo con Glave, los millones que llegan a las localidades mineras seguirán siendo desperdiciados si los gobiernos locales deben fortalecer sus instrumentos de planificación territorial y planes de desarrollo. “El canon genera esta perversión de querer recibir más dinero. Lo que debería existir es un proceso colectivo de planificación y desarrollo social (...) La minería es la gallina de los huevos de oro. En algún momento en Arequipa o en San Marcos no van a tener cobre ¿Y qué va a pasar?”
Lejos de abordar la reformulación de la distribución del canon, el gobierno peruano ha anunciado la reactivación de otro proyecto minero en Arequipa: Tía María. Esta iniciativa, liderada por la mexicana Southern Copper, enfrenta el rechazo de los agricultores del Valle del Tambo porque pretende extraer de una zona considerada despensa alimentaria para el sur del país. Desde hace 15 años el Estado ha reprimido con violencia las protestas opositoras que se genararon en el valle, dejando un saldo de siete muertos.
Pese a ello, la presidenta Dina Boluarte rompió su promesa de campaña y ahora apoya a Southern Copper. En un discurso oficial, ella aseguró que el canon aportará millones de dólares anuales para el desarrollo de la agricultura, educación y salud de la provincia de Islay, y dotará de agua y servicios básicos a sus habitantes. Beneficios que las actuales localidades mineras aún no alcanzan.